El gran robo de las semillas
Silvia Ribeiro
A la cárcel por guardar semillas de su propia cosecha. Suena increíble pero es la consecuencia que ha tenido en varios países la aplicación de leyes que otorgan “propiedad intelectual” sobre semillas a grandes empresas, con la protección del convenio UPOV (Unión internacional de Protección de Obtenciones Vegetales), institución que esta semana cumple 60 años. Podría pasar en México con la reforma a la Ley Federal de Variedades Vegetales propuesta por el diputado Eraclio Rodríguez, quien argumenta que es para armonizarla con el T-MEC y otros tratados de libre comercio. Rodríguez no es original, simplemente sigue los lineamientos que dictan las trasnacionales semilleras y de agrotóxicos como Bayer, Syngenta y Corteva. Son éstas las que se benefician de las normativas para privatizar semillas (https://tinyurl.com/yc285u3k).
disposiciones de UPOV han sido justamente los tratados de libre comercio. En el marco de la campaña, Grain publicó esta semana un mapa interactivo de esos tratados y qué países los empujan. Queda visualmente muy claro que es un proceso de neocolonialismo. Pocos países, encabezados por Estados Unidos y Europa –sede de las trasnacionales semilleras– buscan asegurar la protección de los privilegios de esas empresas en los países del sur, especialmente en los que existe gran diversidad y son origen de las semillas que buscan monopolizar. (https://grain.org/e/6768)
Privatizar semillas es en sí un concepto absurdo, ya que son una creación colectiva y fluida, que comenzó con mujeres que hace más de 10 mil años crearon formas de cultivar lo que antes sólo se recolectaba, dando así origen a la agricultura y los asentamientos humanos. Intercambiar y guardar semillas para las próximas cosechas es a la agricultura como el aire que respiramos. Como expresa Camila Montecinos de la Asociación de Mujeres Rurales e Indígenas de Chile, las constantes conversaciones de las comunidades que siembran con las semillas, los suelos, los cultivos, el clima, los bosques, montañas o llanos, las fuentes de agua, las necesidades de alimentación, abrigo, gustos y expresiones artísticas y espirituales, las formas de manejar enfermedades y muchas otras interacciones, es lo que mantiene las semillas vivas y todo el tiempo crea nuevas. Nunca es una creación individual, siempre son tejidos colectivos que parten de semillas anteriores y son base de las futuras (https://tinyurl.com/5ekmz2vv).
En el mismo sentido se pronunció esta semana contra UPOV y otros proyectos que vulneran la vida comunitaria y la autonomía indígena, la Red Mayense de Guardianes de Semillas (https://tinyurl.com/2p8usv8m).
El proceso de creación lleva más de 10 mil años y no es individualizable. Por ello, las empresas inventaron un absurdo para reivindicar su propiedad: que quien desarrolle una variedad en laboratorio pueda alegar que es su invento, su “obtención” y pedir un “certificado de obtentor” que impida a otros usar esa variedad, pese a que está basada en miles de años de creación colectiva. Para dar a este robo un marco internacional se creó la UPOV. Al principio restringía sólo el uso comercial por 5-7 años. Cambios sucesivos resultaron en la versión 1991 de ese convenio, que otorga exclusividad por más de 20 años, criminaliza y persigue los intercambios campesinos y de agricultores, restringe gravemente el acceso a semillas para investigación pública, permite obtener certificados incluso por “descubrimientos”, extiende la “protección” a variedades similares a la desarrollada y afirma la criminalización y penalización de quien no cumpla.
En todas partes del mundo, pero especialmente en los países del sur global miembros de UPOV, los certificados otorgados siguen un patrón: más de 90 por ciento de los solicitantes son grandes empresas trasnacionales o sus subidiarias. Es básicamente una forma de resguardar los privilegios de las empresas en cada país y habilitarlas a usar los aparatos represivos y jurídicos nacionales contra las y los campesinos, agricultores e institutos de investigación pública. En muchos casos, como con el maíz, frijol, calabazas, nopal, amaranto y flores como cempasúchil o nochebuena, se otorgan derechos exclusivos a trasnacionales de cultivos con centro de origen y diversidad en los propios países que los ceden, un caso repetido en México.
La ambición de las empresas no tiene fin, y tampoco lo tendrá el aumento de las restricciones y penalizaciones que quieren imponer para resguardar sus privilegios a través de UPOV y otros sistemas de propiedad intelectual, como las patentes. Por ello la campaña exige terminar con la institución. Es apenas un comienzo.
Fuente : La Jornada
