LA FRACTURA DE MACRON CON LA LIBERTAD FRANCESA
Jonathan Marshall - CosortiumNews - 7 de julio de 2017
El joven presidente francés Macron está recibiendo delirantes comentarios de la prensa, con poca atención hacia su represión a la libertad pública bajo el disfraz de la lucha contra el terrorismo.
El presidente francés Emmanuel Macron -la "gran esperanza" de Europa- dijo a los legisladores franceses hace unos días, por sexta vez en el mes, que planea extender por seis meses más el estado nacional de emergencia, draconiano y contraproducente, para darle a su gobierno tiempo para preparar una dura nueva ley antiterrorista para reemplazar la actual.
En una impresionante exhibición de doble discurso Macron afirmó que su plan "restablecerá las libertades del pueblo francés". Pero la consagración en ley de la esencia de los duros decretos antiterroristas de Francia, limitará las libertades duramente ganadas por el país, sin hacer nada para frenar la incompetencia de la policía, que ha varias veces permitido a conocidos extremistas llevar a cabo sus atroces actos.
Las libertades civiles y los grupos de derechos humanos han denunciado el plan de Macron para aumentar los poderes policiales del gobierno central. Su proyecto de ley daría a los representantes locales del Ministerio del Interior el poder de declarar zonas de seguridad, definir quién puede entrar o salir de ellas, usar etiquetas electrónicas para restringir el movimiento en los alrededores de las mezquitas y centros de culto de personas consideradas amenazas a la seguridad nacional, y - con apenas una supervisión judicial limitada - ingresar en propiedades privadas.
"Estas medidas atropellan libertades individuales y públicas y nos conducirán hacia un estado autoritario", declaró la Liga de Derechos Humanos de Francia. "Lejos de referirse sólo a actos terroristas, estas medidas se aplicarán a una amplia gama de infracciones. Cualquiera podría ser víctima de decisiones arbitrarias ".
Amnistía Internacional condenó recientemente el abuso por el gobierno de los poderes antiterroristas de emergencia que restringen la libertad de movimiento y los derechos de reunión pacífica.
"Bajo la cobertura del estado de emergencia, los derechos de protesta han sido eliminados con cientos de activistas, ambientalistas y activistas de derechos laborales injustificadamente prohibidos de participar en protestas", dijo Marco Perolini, investigador de Amnistía Internacional en Francia.
Reprimiendo disidentes
En nombre de la prevención de "amenazas al orden público", el gobierno, durante un período de 18 meses, emitió 155 decretos que prohíben las protestas y 574 medidas que prohíben que individuos específicos participen en protestas contra los cambios propuestos en la legislación laboral.
Esta última estadística es particularmente notable porque Macron planea emitir decretos al barrer para limitar el poder de los sindicatos sobre las condiciones de trabajo y las políticas de despido de las empresas. Tales propuestas han desencadenado manifestaciones masivas y enfrentamientos violentos con la policía, en los últimos meses.
El gobierno francés impuso su estado de emergencia, siguiendo el modelo de uno instituido en 1955 durante la guerra de Argelia, luego de ataques terroristas coordinados en París el 13 de noviembre de 2015, matando a 130 personas e hiriendo a 368 más. Esos ataques siguieron a la masacre de enero de 2015 de 12 personas en la oficina parisina de la revista satírica Charlie Hebdo y de cuatro rehenes en un supermercado kosher. Los ataques fueron perpetrados por seguidores de ISIS y de al-Qaeda en Yemen.
Una investigación parlamentaria francesa el año pasado encontró poca evidencia de que el estado de emergencia o el vistoso emplazamiento de tropas en las calles de París hicieran mucho para mejorar la seguridad de Francia. Concluyó que las agencias de seguridad fragmentadas y competitivas del país habían sufrido un "fracaso global" de comunicación y coordinación.
La policía estaba muy al tanto de los tres extremistas que llevaron a cabo las masacres de enero de 2015 y de los líderes de los ataques de noviembre de 2015, pero carecían de los efectivos necesarios para mantenerlos bajo vigilancia permanente. De hecho, viajaron a través de Europa y al Yemen y África del Norte con notable facilidad, a pesar del conocimiento oficial de sus tendencias peligrosas.
En palabras de The Guardian, "Amedy Coulibaly, que mató a cuatro personas en un asalto en una tienda de comestibles kosher en enero (2015) y mató a una mujer policía, era un conocido extemista y delincuente reincidente. Mientras cumplía una condena de prisión por su participación en un complot para liberar a otro terrorista de la cárcel, había sido señalado como extremista. Los servicios penitenciarios no pasaron esta información a las agencias de inteligencia cuando su liberación".
La Inteligencia descompuesta
Las recientes revelaciones de la prensa francesa sugieren una descomposición aún peor de la inteligencia. Resulta que Coulibaly y dos compañeros radicales islámicos que cometieron los ataques de enero de 2015 habían adquirido sus armas a través de un intermediario, un derechista informante de la policía y ex mercenario llamado Claude Hermant. Afirma haber trabajado como agente bajo la supervisión de oficiales de inteligencia en el servicio de aduanas y gendarmería, una fuerza de policía militar nacional bajo el Ministerio del Interior.
La información sobre el papel de Hermant fue borrada en 2015 por el Ministro del Interior, quien invocó un privilegio de secreto de Estado. El abogado de Hermant ha presentado una demanda para levantar la prohibición de discutir la conexión de su cliente con los servicios de inteligencia. Un periódico francés también ha publicado correos electrónicos explosivos en que un gendarme da a Hermant la "luz verde" para manejarse en casos de armas, una de las cuales aparentemente terminó en manos islámicas debido a la incompetencia de la policía.
La historia está repleta de ejemplos de la policía y los servicios de inteligencia que han permitido los agentes hacer locuras, a menudo debido a la supervisión inadecuada, y de vez en cuando por razones más siniestras. Investigadores serios se han preguntado si el maratonista de Boston, Tamerlan Tsarnaev, podría haber sido un informante federal. Y parece que no hay duda de que el terrorista de Al Qaeda, que dirigió el bombardeo de la Embajada de Nairobi en 1998 y entrenó en gran parte al máximo dirigente de la organización, Ali Mohammed, estaba protegido por el FBI y la CIA.
La concesión de más poderes a tales organismos y la protección contra la revisión judicial agrava el problema al impedir la exposición y la corrección de sus fracasos burocráticos. Los ciudadanos ordinarios y sus libertades están mejor protegidos cuando la aplicación de la ley está sujeta a revisión y crítica pública, no protegida por actos secretos oficiales y decretos de emergencia que encubren su incompetencia, desorganización o falta de recursos. Los pueblos de América y Francia deben aprender, de sus respectivos fracasos nacionales, que la libertad no se gana con represión.
