El Reino Unido está utilizando una nueva definición de "extremismo" para reprimir la solidaridad con Palestina
David Renton
Este mes, el asediado gobierno conservador de Gran Bretaña anunció una nueva iniciativa para ampliar su definición oficial de extremismo político. A partir del 14 de marzo, el Reino Unido define el extremismo como "la promoción o el avance de una ideología basada en la violencia, el odio o la intolerancia, que tiene por objeto: negar o destruir los derechos y libertades fundamentales de los demás; o socavar, anular o reemplazar el sistema de liberal del Reino Unido".
A primera vista, la definición suena anodina. ¿No está todo el mundo en contra de la violencia, el odio y la intolerancia? Si realmente hay gente tratando de invadir la democracia parlamentaria, ¿no se merecen todo lo malo que se les está viniendo?Pero cuando este gobierno dice que necesita poderes para ilegalizar el odio, no se refiere a todo o a la mayor parte del odio. Si bien la nueva definición se dirige a los grupos neonazis de extrema derecha, incluidos el Movimiento Nacional Socialista Británico y la Alternativa Patriótica, el nuevo enfoque no solo no aborda a los actores de la derecha política convencional que continúan atacando directamente a los grupos vulnerables, sino que también barre a los grupos que no están comprometidos con el odio en absoluto.
Tomemos como ejemplo el problema de la violencia contra las personas transgénero en Gran Bretaña. El 11 de febrero de 2023, la adolescente trans Brianna Ghey fue asesinada en Cheshire. Su asesinato recibió atención nacional en parte porque era una popular TikToker con decenas de miles de seguidores. El 7 de febrero, la madre de Ghey asistió a la Cámara de los Comunes para reunirse con miembros del Parlamento. Sabiendo que Esther Ghey estaría allí, el primer ministro Rishi Sunak trató de aprovechar la ocasión para avergonzar al Partido Laborista, que ha tratado de jugar un juego difícil y sin principios de apoyar simultáneamente al gobierno cuando busca despojar a las personas trans de los derechos y también de ser visto como progresista por los votantes LGBTQ+.
El primer ministro Sunak bromeó diciendo que el Partido Laborista era incapaz de "definir a una mujer". Su predecesora, la primera ministra conservadora Liz Truss, siguió la burla de Sunak presentando un proyecto de ley que impediría que las personas trans compitieran en deportes y criminalizaría a los médicos que recetan medicamentos que bloquean la pubertad a cualquier persona menor de 18 años. Si hay alguien en la política británica que ha estado tratando de destruir los derechos y libertades fundamentales de los demás, son Sunak, Truss y el Partido Conservador. Pero cuando los ministros hablan de "extremismo", no se refieren a sí mismos.
Más bien, lo que el gobierno tiene en mente es un conjunto particular de enemigos ideológicos. Las "organizaciones con 'orientación y creencias islamistas'" que el secretario de Comunidades, Michael Gove, está apuntando para su prohibición incluyen a la Asociación Musulmana de Gran Bretaña; CAGE International, una red de defensa de los musulmanes cuyos activistas incluyen al ex detenido de la Bahía de Guantánamo Moazzam Begg; y Compromiso y Desarrollo Musulmán (MEND). Begg ha sido durante mucho tiempo un objetivo del estado de seguridad, habiendo sobrevivido tres años en detención estadounidense y publicando un libro de memorias que se convirtió en un éxito de ventas.
Todos estos grupos han hecho campaña en solidaridad con la población de Gaza desde la incursión israelí del pasado mes de octubre. Muslim Engagement and Development ha estado capacitando a activistas estudiantiles en el trabajo solidario. CAGE International es una de las pocas organizaciones en Gran Bretaña que ha hecho público el hecho de que varios cientos de activistas han sido amenazados con perder sus trabajos por su discurso pro-palestino. La Asociación Musulmana de Gran Bretaña, junto con la Campaña por el Desarme Nuclear, la Campaña Stop the War y otras, ha sido una de las seis organizaciones que han estado organizando las marchas nacionales contra la guerra en Gran Bretaña, que han tenido lugar cada tres semanas más o menos desde que comenzó el ataque israelí. (Otros organizadores de estas marchas se han aliado con la Asociación Musulmana de Gran Bretaña para oponerse a la nueva definición de extremismo político del gobierno).
Visto desde esta perspectiva, parece que el ataque del gobierno contra los grupos "extremistas" es solo la última etapa de lo que ha sido un intento de larga data de deslegitimar las protestas propalestinas. Los ministros del gobierno han atacado las marchas contra la guerra y han pedido a la policía que las prohíba, alegando que son "marchas de odio" que no están en sintonía con la opinión pública.
La dificultad para el gobierno es que cuando se pregunta a los británicos qué piensan de Palestina, la mayoría responde que está a favor de un alto el fuego inmediato. En noviembre de 2023, la encuestadora YouGov preguntó a los votantes si pensaban que Israel debería seguir emprendiendo acciones militares o pedir un alto el fuego. En ese momento, los votantes apoyaban un alto el fuego en una proporción de tres a uno. En febrero, la brecha de opinión era aún más marcada, ya que los que pedían un alto el fuego superaban en número a los defensores de la acción militar en una proporción de cinco a uno. (El sesenta y seis por ciento de las personas apoyaba un alto el fuego, solo el 13 por ciento se oponía a esa medida). Otra encuesta encontró que el 76 por ciento de las personas en Gran Bretaña apoyaban un alto el fuego, la mayoría de los británicos están alineados con la perspectiva de los llamados "extremistas" que el secretario de Comunidades Gove quiere prohibir.
A lo largo de la última década, los gobiernos conservadores han construido una infraestructura estatal compartida en virtud de la cual los miembros de lo que en Estados Unidos se llamarían grupos "alt-light" reciben puestos como asesores bien pagados de los ministros. Presionan para que el estado de seguridad adopte sus medidas preferidas de hostigar a las minorías raciales, a las personas LGBTQ y a los izquierdistas.
Iniciativas políticas aliadas como Prevent, la campaña del gobierno para exigir a los organismos del sector público que vigilen el extremismo, ya exigen a los profesores, maestros, médicos y otros que supervisen e informen al Estado de las actividades que podrían dar lugar a apoyo a la violencia. Entre esas opiniones parcialmente criminalizadas se encuentran el apoyo al "comunismo", al "antifascismo" e incluso al "socialismo" democrático, a pesar de que el socialismo sigue siendo la ideología oficial del Partido Laborista británico, cuyos principales representantes se preparan para cumplir su turno en el gobierno a finales de este año.
¿Logrará el Partido Laborista deshacer estas leyes de derecha? Los miembros del Partido Laborista respondieron al anuncio conservador ofreciéndose a trabajar junto con el gobierno para implementar su propuesta de definición de extremismo. El Partido Laborista no criticó a los ministros ni por proponer criminalizar a la izquierda ni por dar trabajo a asesores que idealizan al expresidente Donald Trump. No se plantearon puntos de crítica, salvo el retraso, y la líder adjunta del Partido Laborista, Angela Rayner, se limitó a preguntar: "¿Por qué el Gobierno ha tardado 13 años en abordar esto?".
Más allá de la órbita de los miembros del Parlamento británico, la política es más esperanzadora. Desde octubre se han celebrado siete marchas nacionales por Gaza. Los manifestantes han acudido a ellas en gran número, con alrededor de 150.000 asistiendo a la más pequeña de las protestas y 500.000 en la más grande. Nuevas generaciones de personas se están incorporando al movimiento. Están surgiendo candidatos viables capaces de desafiar no solo a los conservadores, sino también a los laboristas en nuestras próximas elecciones. El movimiento ha sido demasiado grande y popular para que la policía los enfrente directamente. El gobierno conservador está tratando de dificultar la continuidad de nuestras protestas, pero el movimiento sigue ganando impulso.*
David Renton es abogado y profesor. Su libro más reciente, Against the Law: Why Justice Requires Less Laws and a Smaller State, fue publicado por Penguin en julio de 2022.
