Los saharauis son nuestros hermanos, y a los hermanos no se les abandona
“Los saharauis no son solamente nuestros vecinos del sur, son nuestros hermanos, y a los hermanos no se les abandona”. Esta frase la pronunciaba Pablo Iglesias, actual vicepresidente segundo del Gobierno, allá por el año 2014, en la celebración de la edición número 39 de la Eucoco (Conferencia Europea de Apoyo al Pueblo Saharaui) en la Universidad Complutense de Madrid. Podemos era un partido muy joven, tan solo medio año antes había irrumpido con fuerza en el Parlamento Europeo. “El derecho internacional y la propia ONU no se cansan de repetir que España sigue siendo responsable administrativa y políticamente del Sáhara, pero los gobiernos de nuestro país, por desgracia, no han hecho lo suficiente por revertir una situación heredada de la dictadura”, proseguía Iglesias.
Hoy, los desastres de la guerra han vuelto al Sáhara Occidental, un territorio olvidado en el que, por desgracia, desde hace décadas, la ausencia de guerra no quería decir existencia de paz. El fracaso de Naciones Unidas, de la comunidad internacional y, en concreto, de la política exterior (e interior) española son, de hecho, responsables de la vuelta al belicismo, pues 29 años lleva el pueblo saharaui apostando por la vía pacífica.
Decenas de miles de saharauis malviven en los campamentos de población refugiada argelinos, en la hammada, el desierto de los desiertos. Otros tantos lo hacen en los territorios ocupados por Marruecos, donde las fuerzas de ocupación han vulnerado los derechos más elementales de esta población de forma sistemática durante lustros, con el beneplácito de la MINURSO (Misión Internacional de Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental). Una misión internacional un tanto peculiar, pues su objetivo, la consecución del referéndum de autodeterminación, ni siquiera se persigue y es una excepción al no incluir entre sus competencias la vigilancia del respeto de los derechos humanos en el territorio.
Violaciones de mujeres, desapariciones de jóvenes, activistas encarcelados sin garantías procesales en el lado occidental del muro de más de 2.700 kilómetros, rodeado de miles de minas antipersona, que divide el Sáhara en dos. Malnutrición, falta de expectativas en la juventud, exilio permanente… en los campamentos de Tinduf. Marruecos ha ido, paso a paso, vulnerando el acuerdo de alto el fuego firmado en 1991 por las partes, bajo la supervisión de Naciones Unidas. La última, la construcción, hace tres años, de una carretera en la zona de Guerguerat, al sur del Sáhara Occidental. Una carretera en zona neutral que fue considerada ilegal por las propias Naciones Unidas cuando en 2001 Marruecos ya hizo la intentona de construirla. El resto, ya se sabe: civiles saharauis han cortado el tráfico por dicha vía durante varios días, evitando la salida, hacia Mauritania, de camiones que saquean los recursos naturales del Sáhara Occidental. Fuerzas marroquíes, vulnerando el alto el fuego, actuaron para abrir paso.
Ayer, precisamente ayer, cuando se cumplían 45 años de los Acuerdos Tripartitos de Madrid, ese pasaje oscuro de la historia española por el cual abandonaba a los saharauis entregando el Sáhara Occidental a Marruecos y Mauritania, el Frente Polisario declaraba el estado de guerra y regresaba a la lucha armada por primera vez desde 1991. Los partes oficiales del Gobierno de la RASD (República Árabe Saharaui Democrática) de las dos últimas jornadas señalan ataques a bases militares marroquíes y puestos de vigilancia sobre el muro. En la noche del viernes, desde el bando saharaui, se informaba de bajas mortales en el ejército de Marruecos.
En los campamentos de población refugiada, cada vez más jóvenes se alistan al ejército, sus madres les despiden desde sus haimas. En las ciudades ocupadas, la represión crece ante las manifestaciones de población autóctona. En varias localidades del Estado español, se organizaban ayer concentraciones de solidaridad con el Frente Polisario. En Madrid, al mediodía, un nutrido grupo de manifestantes entregaba un comunicado en el Ministerio de Exteriores, situado en la Plaza de la Provincia, junto a la Plaza Mayor. La juventud en la diáspora quiere regresar a los campamentos para sumarse a la guerra. La guerra, la guerra. Las fronteras, por la pandemia, están cerradas, lo que dificulta su llegada.
El movimiento solidario español con el pueblo saharaui, desde hace décadas, se organiza en asociaciones en todas las provincias y lleva a cabo diferentes acciones de incidencia política y de solidaridad, como el programa Vacaciones en Paz, por el que miles de menores saharauis llegan durante los meses estivales, alejándose del infierno del verano en la hammada, pasando revisiones médicas y generando unos lazos de solidaridad entre miles de familias españolas y saharauis. El movimiento de solidaridad español con el pueblo saharaui es amplio y diverso. Militares que fueron testigos del abandono del Sáhara y del engaño del entonces heredero Juan Carlos de Borbón; familias de acogida de niñas y niños; artistas que han participado en las ediciones del FiSahara, festival de cine que se ha organizado en los campamentos de Tinduf durante varios años; juristas conscientes de la aberración al Derecho Internacional que supone este caso; militantes de las distintas izquierdas al PSOE (partido tradicionalmente alineado con las tesis marroquíes) que han defendido siempre el derecho a la autodeterminación saharaui...
La llegada de Unidas Podemos (Podemos, IU y PCE) al Gobierno de coalición en enero supuso una inyección de esperanza en saharauis y movimiento solidario español. El Gobierno progresista, al igual que todos los anteriores, tiene la responsabilidad de trabajar para que se cumpla la legalidad internacional (el derecho a la autodeterminación saharaui) en el territorio que fue provincia española hasta el 1975. España sigue siendo la potencia administradora del Sáhara Occidental, tal y como reconocía el secretario de Asuntos Jurídicos, asesor jurídico de Naciones Unidas, Hans Corell, en el año 2002: “El Acuerdo de Madrid no transfirió la soberanía sobre el territorio ni confirió a ninguno de los signatarios la condición de potencia administradora, condición que España, por sí sola, no podía haber transferido unilateralmente. La transferencia de la autoridad administrativa sobre el territorio a Marruecos y Mauritania en 1975 no afectó la condición internacional del Sáhara Occidental como territorio no autónomo”.
También el actual ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, lo dictó en un auto desde la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional: “España sigue siendo la potencia administradora del territorio, y como tal, hasta que finalice el periodo de la descolonización, tiene las obligaciones recogidas en los artículos 73 y 74 de la Carta de Naciones Unidas, entre ellas dar protección, incluso jurisdiccional, a sus ciudadanos contra todo abuso, para lo cual debe extender su jurisdicción territorial para hechos como los que se refieren en la querella a que se contrae el presente procedimiento”. Llama la atención, por tanto, el comunicado lanzado el pasado viernes por el Ministerio de Asuntos Exteriores ante el reinicio de las hostilidades. El Gobierno español muestra apoyo al secretario general de Naciones Unidas, llamamiento a las partes al regreso a la vía pacífica, pero ningún reconocimiento de responsabilidad por parte del Estado español y olvido del referéndum, objetivo de la misión internacional de la ONU en el Sáhara, la MINURSO.
El Gobierno español, por responsabilidad y legalidad, tiene la obligación de ser un actor internacional clave hacia la paz y la materialización del derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui. La obligación de Unidas Podemos en el Gobierno es, además, moral. Tanto desde Podemos como desde IU están trabajando en este sentido, buscando una solución y una posición acorde del Estado con sus responsabilidades. El viernes, presionaron al Ministerio de Exteriores para que saliera un comunicado, aunque saliera muy tarde y no profundice ni en la raíz del conflicto ni ofrezca salidas para su solución. Sin embargo, fuentes del Frente Polisario lo tienen claro: Unidas Podemos ha de elegir, situarse junto a la legalidad internacional y los derechos del pueblo saharaui o cuadrarse ante la postura de sus socios de Gobierno, el PSOE, y asumir la inacción de siempre y, de este modo, situarse del lado del statu quo que favorece a Marruecos. Ya no es siempre, la guerra ha comenzado.
La guerra es la mayor herida de la humanidad. El Sáhara Occidental está en guerra. Las bases de Unidas Podemos forman parte, en buena medida, del movimiento de solidaridad con el pueblo saharaui. Una postura tibia de los dirigentes en el Gobierno sobre el tema puede generar una herida profunda también en las izquierdas españolas, quizás la más grave, por los sentimientos que toca y por la gravedad de la coyuntura. De momento, hay silencios atronadores que duelen tanto como la herida.
En la madrugada del sábado 14 de noviembre al domingo 15, ni Iglesias, además de vicepresidente, secretario general de Podemos, ni Alberto Garzón, además de ministro de Consumo, coordinador federal de IU, ni Irene Montero, ministra de Igualdad, o Yolanda Díaz, de Trabajo, se han pronunciado sobre el asunto. De momento, hemos de seguir tirando de hemeroteca, de aquella Eucoco de 2014: “Algunos partidos pretenden representar los intereses de la minoría, un nuevo ejemplo del divorcio entre la casta política y la mayoría. La población española es prosaharaui, pero quienes nos han gobernado parece que son pronegocio, esa es su única patria”.
