Ucrania: provatización de la tierra exigida por el FMI y el escándalo Biden

Dmitriy Kovalevich

Noviembre en Ucrania ha estado marcado por la adopción de la llamada "reforma agraria", de acuerdo con las demandas formuladas por el FMI entre otras organizaciones financieras internacionales. La reforma abre el camino para la privatización masiva de las tierras agrícolas de Ucrania. El FMI ha estado haciendo estas demandas durante muchos años, pero varios presidentes ucranianos han tratado de posponer una decisión tan impopular. Encuestas recientes muestran que la abrumadora mayoría de los ucranianos de todas las convicciones políticas se oponen a la privatización de la tierra, de extrema derecha a extrema izquierda.

Después de un intenso período de desindustrialización que ha tenido lugar en los últimos años, las tierras agrícolas siguen siendo el único activo con valor en Ucrania, pero aun así, pueden comprarse por muy poco. Un hecho notable es que uno de los diputados del partido gobernante 'Siervo del pueblo', Nikita Poturayev, mientras presionaba a sus colegas en el Parlamento para que votaran por el proyecto de ley sobre la reforma agraria, afirmó [1] que esto sería 'ajustar cuentas con maníaco V. Lenin', es decir el propósito del proyecto de ley era abolir la nacionalización de la tierra llevada a cabo después de la revolución de octubre.

El suelo fértil de Ucrania está en juego

Hace tiempo se sabe que el suelo de Ucrania es muy fértil. Durante la Segunda Guerra Mundial los invasores nazis decidieron apropiarse en bruto obligando a los prisioneros de guerra a recoger trozos de la capa superior y cargarlos en trenes hacia Alemania. Estas mismas tierras podrían caer ahora en manos de las explotaciones agrícolas internacionales.

El experto político ucraniano Ruslan Bortnik dice que el presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, y su equipo llegaron al poder con la obligación de vender las tierras agrícolas de Ucrania a empresas extranjeras. Los que las compran sólo pensarán en ganar dinero lo más rápido posible. "Las compañías extranjeras ya están operando en suelo ucraniano alquilando tierras pero están compitiendo con grandes explotaciones agrícolas ucranianas". No dominan. Si se lanza el modelo adoptado de mercado de tierras, sólo grandes empresas extranjeras permanecerán en nuestro mercado. Seamos honestos: no somos un país soberano. Al menos nuestro gobierno está bajo control externo. Y esto es parte de las obligaciones de este gobierno. Esta es la condición bajo la cual llegaron al poder. Están pagando las deudas a través de la privatización.” [2]

Los agricultores ucranianos que aún son propietarios, al menos formalmente, simplemente no pueden vender, son las mismas personas que no pueden pagar sus facturas de gas y electricidad especialmente después del reciente aumento de tarifas, otra demanda del FMI. Obviamente, su desesperación financiera significará que muchos tendrán que vender sus tierras a un precio bajo, ciertamente muy por debajo del valor de mercado. Mientras tanto Ucrania sigue siendo el país más pobre del continente europeo y las tierras agrícolas de Ucrania siguen siendo las más baratas. Además las tierras se pueden comprar para pagar grandes préstamos del gobierno de Kiev tras el golpe de estado de Euromaidan en 2014.

Este esquema de compra de tierras de Ucrania está conectado con el escándalo de corrupción en curso en los Estados Unidos: el relacionado con Joe Biden y la compañía de gas 'Burisma'. A finales de noviembre, tres diputados ucranianos (el sin partido Andrey Derkach; del partido Batkivshchyna Aleksey Kucherenko; y uno del gobernante Servidor del Pueblo, Aleksandr Dubinsky) lo revelaron en la conferencia de prensa [3 ]

El punto aquí es que el ex ministro de Ecología de Ucrania, Nikolay Zlochevsky, propietario de la compañía de gas "Burisma", presentó en 2014 varios políticos occidentales a la junta directiva de su compañía, lo que llevó acusaciones de corrupción. Hunter Biden, hijo del ex vicepresidente de Estados Unidos Joe Biden, recibió grandes pagos mensuales por sus "servicios de consultoría". Como resultado, el fiscal general de Ucrania, el general Viktor Shokin, que estaba investigando los esquemas de corrupción de la compañía, se vio obligado a renunciar bajo presión de Joe Biden, quien incluso se jactó de ello en los medios estadounidenses.

Los parlamentarios ucranianos han afirmado en una conferencia de prensa que el dinero utilizado para sobornar al hijo del ex vicepresidente de los Estados Unidos fue robado. “Biden recibió dinero, cuya fuente no es la actividad exitosa de Burisma, movimientos empresariales brillantes o recomendaciones. Es el dinero de los ciudadanos de Ucrania. Se obtuvo por medios criminales”, dijo el diputado Andrey Derkach. El objetivo final de todo este fraude en el que los Bidens estuvieron profundamente involucrados, será la bancarrota de Ucrania en 2020-2021, a través de la formación de una pirámide de deuda pública.

Plan de lavado para retirar dinero de Ucrania

Según los diputados ucranianos esto fue parte de un plan de lavado más grande para retirar dinero de Ucrania a través de bancos letones y el fondo 'Franklin Templeton Investments', cercano al Partido Demócrata de los Estados Unidos. El fundador de la fundación, John Templeton Jr., fue uno de los principales patrocinadores de la campaña del ex presidente estadounidense Barack Obama.

Fueron cerca de $ 7,4 mil millones de dinero público robados de Ucrania, y sólo usó una "pequeña parte" para sobornar a políticos occidentales, como Hunter Biden. Los diputados han enfatizado que, según la investigación de la fiscalía general de Ucrania, el dinero retirado y lavado fue invertido nuevamente en Ucrania. En particular a través de Franklin Templeton Investments, el dinero se utilizó para comprar bonos del gobierno nacional (DGB), emitidos por Kiev a una tasa de interés alta.

El principio de este esquema es que con la ayuda de fondos estadounidenses, el dinero lavado se legalizó e invirtió en bonos del gobierno al 6-8% en dólares y 15-17% en moneda ucraniana (hryvnia). Esto está llevando a un enorme crecimiento de la deuda pública ucraniana y, finalmente, a la quiebra de la economía del país.

Quiebra eventual de la economía.

El fiscal ucraniano Konstantin Kulik declaró recientemente [4] en una entrevista que Ucrania toma préstamos del FMI para pagar estas obligaciones de deuda (DGB). Como subrayó el diputado Aleksandr Dubinsky en la conferencia de prensa, el 40% del presupuesto público actual se destina al pago de la deuda pública de Ucrania, incluido el reembolso de DGB a tasas de interés infladas.

Según él, la bancarrota de las deudas podría ocurrir a fines de 2020 o 2021.

Y este esquema está conectado con la privatización de la tierra, lo que resolvió Kiev en noviembre de acuerdo con la demanda del FMI. “Los DGB son un instrumento financiero por el cual el estado debe toda su propiedad al pagar el DGB. Y el estado no tendrá otra propiedad valiosa, con la excepción de la tierra", dijo Dubinsky, exigiendo la suspensión de los pagos de la deuda a los acreedores internacionales.

Como resultado de esta reforma agraria impopular y las violaciones generalizadas de los derechos laborales, los sindicatos de Ucrania convocaron una huelga general [5] para el 14 de noviembre y comenzaron los preparativos. Por primera vez en la historia de Ucrania independiente, se formó un comité de huelga a nivel nacional. A este comité se unieron sindicatos, empresarios individuales, pequeñas empresas, productores agrícolas y agricultores.

La empresa que despide a los trabajadores paga millones en bonos

El 14 de noviembre los trabajadores ferroviarios ucranianos protestaron [6] frente a la oficina presidencial en Kiev contra los planes anunciados de despedir cerca del 50% del personal ferroviario. Exigieron que la dirección del ferrocarril renuncie. El subdirector del sindicato ferroviario, Alexander Mushenok, dijo recientemente [7] que actualmente "solo hay 20 trabajadores empleados donde se necesitan 60". Al mismo tiempo, los trabajadores afirman que la gerencia de alto nivel de la empresa está pagándose millones en bonos a sí misma. Una de las demandas del FMI requiere que las autoridades de Kiev privaticen también el sistema ferroviario. En la práctica esto significa que las pocas rutas rentables serán privatizadas por las empresas occidentales mientras que la mayoría de las rutas no rentables hacia provincias poco desarrolladas,seguirán siendo de propiedad estatal, lo que hará que el transporte ferroviario sea aún menos rentable.

Todo el curso de privatización tal como lo promueve el FMI se puede resumir en el principio "privatizar ganancias, socializar pérdidas". Y el nuevo gobierno de Kiev es demasiado dependiente para protestar contra la imposición de esta política; y esto significará efectivamente que este gobierno perderá su credibilidad y la confianza de la gente.

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