Catalunya: todo está por hacer y todo es posible tras el 21-D
>Daniel Raventós-Gustavo Buster


Los resultados de “las” elecciones del 21-D son la consecuencia del “fracaso de la apuesta” (The Economist dixit) de Rajoy. En unas elecciones con una participación elevadísima del 82%, Junts per Catalunya (JxC) -el nuevo partido instrumental creado por Puigdemont desde Bélgica- y ERC -con Oriol Junqueras en la cárcel- han obtenido 66 escaños que, con los 4 de la CUP, les otorgan una mayoría suficiente (la mayoría absoluta son 68) para investir de nuevo a Puigdemont como President de la Generalitat. Siempre que pueda tomar posesión de su escaño. Hay diputados y diputadas elegidos en estos comicios que o están unos en la cárcel o en Bruselas otros con la amenaza de cárcel inmediata si regresan a las fronteras del Reino de España. Las fuerzas independentistas han visto así ratificado su apoyo: un poco más del 47,5% y un poco más de dos millones de votantes, los mismos que participaron en el referéndum ilegalizado del 1 de octubre y en la huelga general del 3 de octubre.

Pero a través de la aplicación del artículo 155 - y quizás este sea uno de sus efectos más importantes- el PP y sobre todo Ciudadanos han conseguido movilizar a un importante sector anti-independentista. Ciudadanos ha sido el partido más votado en las diez ciudades más pobladas de Catalunya, con composición social de mayoría de clase trabajadora. Una gran parte de esta clase trabajadora, que se abstenía tradicionalmente en las consultas electorales autonómicas, votó masivamente el 21-D. Ya no son los tiempos en los que la antigua CiU gobernaba con su entramado del 3% mientras presionaba al gobierno central para tener mayores inversiones y gasto social: esta entente se rompió hace tiempo, entre otras cosas porque con las políticas de austeridad ya había dejado de funcionar. Y el dilema actual es que ni el bloque soberanista tiene la fuerza suficiente para hacer viable su alternativa (una alternativa que tiene muchas variantes, desde los sectores más moderados y pactistas de la antigua Convergència a los más tradicionalmente independentistas, de izquierdas y republicanos, de una parte de ERC), ni es creíble ¡claro está! una autonomía con el 155, como pretende Rajoy, gobernada por JxC y ERC.

La crisis política catalana, crónica, se traslada por lo tanto al gobierno central, al propio Rajoy y amplifica la del régimen del 78. Este régimen y uno de sus principales valedores, el PP, son los grandes derrotados -conviene matizar añadiendo que no el aparato del estado- y a pesar de su ramplón balance para salir del paso y colocar la pelota en el tejado soberanista (a ver cómo resuelven la vuelta de Puigdemont y la excarcelación de los presos, en manos de la “independiente” justicia…) solo queda su voluntad de terminar la legislatura en 2020, con un gobierno minoritario que depende para sacar los presupuestos del 2018 del PNV y de una inevitable renegociación de su relación con Ciudadanos. El PP en las elecciones del 21-D se ha quedado con ¡tres diputados!, el partido más minoritario de un Parlament con 135 diputados y diputadas. Rajoy se ha ido de vacaciones navideñas, pero su jefe de Gabinete –Jorge Moragas- ha abandonado ya el barco camino de la embajada en NNUU.

El bloque independentista

La campaña del bloque independentista ha estado determinada por la gestión de la respuesta a la aplicación del artículo 155. En este sentido, la decisión de Puigdemont de trasladarse a Bruselas con una parte del Govern para evitar el encarcelamiento que están sufriendo Junqueras, “los Jordis” y Joaquim Forn, se ha revelado decisiva en varios sentidos. Tres son las razones al menos de esta gestión de la respuesta a la aplicación del 155.

En primer lugar, para mantener la credibilidad de la estrategia hegemónica del “procés”, a pesar de su evidente desgaste antes y después de la proclamación virtual, que no efectiva, de la República catalana. El “espíritu del 1 de Octubre” como se ha llamado -la autodeterminación de más de dos millones de catalanes y catalanas votando bajo las porras de la Policía Nacional y la Guardia Civil- no solo ha sobrevivido en la indignación democrática de una mayoría de la sociedad catalana, sino como alternativa política gracias a la coherencia de los encarcelados y la capacidad de iniciativa política de Puigdemont desde Bruselas.

En segundo lugar, le ha permitido mantener su hegemonía -heredera de la de CiU primero y del PDEcat después- frente a ERC. Esta falta de desplazamiento a la izquierda en el bloque independentista ha marcado la prioridad de los objetivos políticos: la “recuperación” de la Generalitat “legítima” frente a la intervención del 155. Es decir, situar los objetivos en un terreno democrático, pero no necesariamente republicano, para mantener en el bloque a los sectores del PDEcat que priorizan el diálogo con el gobierno central y la operatividad funcional de la Generalitat autonómica. Ello ha evitado a JxC las contradictorias “iniciativas” de Marta Rovira, portavoz de ERC durante la campaña, sobre la “unilateralidad”, la república, etc… para acabar aceptando el discurso emitido desde Bruselas. Solo la CUP ha mantenido su programa de dar contenido a la República catalana. Y por ello mismo ha resultado utópico, provocando el trasvase de votos que ha sufrido hacia ERC. Recuérdese que en las anteriores elecciones ERC y PDEcat se presentaron juntos (Junts pel Sí) lo que motivó que hubiera un sector independentista significativo que votase a la CUP por no querer votar a una parte de la antigua Convergència. En las elecciones del 21-D había más por elegir dentro del bloque independentista y la presión del voto útil era muy fuerte.

Sin embargo, esta hegemonía mantenida por Puigdemont, tiene también otras fisuras. La creación de JxC como partido instrumental transversal del independentismo con un programa mínimo anti-155, ha permitido situar en segundo plano a un PDEcat incapaz de quitarse de encima el estigma de la corrupción ni las presiones anti-independentistas de una buena parte de la burguesía catalanista. Una burguesía que desde las elecciones de 2015 ya había abandonado sus simpatías más o menos reticentes con el soberanismo, algo que algunas izquierdas no han sabido, ni saben, ni les interesa ver. Todo ello limita la pretensión de Puigdemont de actuar como árbitro de las distintas fracciones del independentismo, aunque pueda apoyarse en la Asamblea Nacional Catalana para estructurar a medio plazo su propia corriente
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En tercer lugar, hipoteca toda la estrategia del bloque independentista a su futuro personal, es decir la vuelta de Bruselas de Puigdemont para poder tomar posesión de su escaño y ser votado de nuevo presidente de una Generalitat autonómica bajo la espada de Damocles del artículo 155 (y la causa judicial ampliada contra la “dirección estratégica” del procés en la que están incluidas personas provenientes de sectores más amplios que los actuales encarcelados o exiliados, con lo que la amenaza del incremento de la represión está más que viva). En este sentido, la iniciativa del diálogo solicitado no la tiene él, ni el bloque independentista, sino Rajoy, cuyo margen de maniobra es su propia estabilidad al frente del gobierno central.

Los resultados del 21-D son así un revés para ERC, la principal fuerza política del “procés”, que no solo ha visto fracasado su cuestionamiento de la hegemonía de Puigdemont, sino que ahora ve subordinada la suerte de Junqueras a una estrategia negociadora que no dirige, por mucho que influya en ella. La institucionalización del “espíritu del 1 de octubre”, subordinando la movilización a estos objetivos políticos limitados, confinan a la CUP en la propaganda antisistema, como la definen los medios de prensa a los que tanto disgusta su radicalidad. Pero el municipalismo carece de mimbres -en especial de autonomía fiscal- para avanzar en “dar contenido a la República” como un proyecto de contra-sociedad paralela política.

El bloque del 155

Con la aplicación del artículo 155 -desde la convocatoria de elecciones con la disolución del Parlament, el cese del Govern y su persecución judicial, y la intervención de la administración autonómica precedida de su hacienda- el PP se ha revelado como el aparato electoral de la administración del estado central en Cataluña. Su pérdida de 164.000 votos y 8 escaños, en buena parte trasladados como voto útil a Ciudadanos - que ha aumentado en 367.000 votos y 12 diputados- son un síntoma de la falta de credibilidad de Rajoy en la propia aplicación de la estrategia del 155, de la red de movilización anti-independentista alimentada por Ciudadanos desde hace años en Cataluña, y del cambio generacional que está teniendo lugar en la derecha y sus bases sociales y clientelares.

El objetivo de Rajoy en esta estrategia era una aplicación limitada del 155 que le permitiese definir un marco de negociación con la burguesía autonomista catalana, esencial en su visión de remozar el régimen del 78 sin ningún tipo de reforma constitucional. La de Ciudadanos, por el contrario, era la de derrotar sin paliativos a todos los sectores del catalanismo, en una nueva hegemonía de la derecha liberal con un proyecto de modernización muy recentralizador (el único partido que se opone claramente al cupo vasco, por ejemplo) que pasa a medio plazo por una reforma de la ley electoral y de la Constitución de 1978, apoyada en el cambio generacional. La FAES defiende entusiásticamente la campaña de Ciudadanos en Catalunya.

Esa estrategia ha triunfado en esta campaña electoral y aumenta significativamente el margen de autonomía de Ciudadanos frente a Rajoy y el PP: ya ha exigido convocatoria de elecciones a las Cortes. Pero está lejos en el resto del Reino de España de poder sustituir aun la hegemonía del PP como vehículo de los intereses de las clases dominantes locales, por mucho que cuente con el apoyo abierto creciente de sectores de las mismas y de sus medios de comunicación y financiación.

La victoria de Arrimadas complica aún más las cosas para Rajoy, que no podrá confinar ni la confrontación ni las negociaciones al marco de las instituciones catalanas, sino que tendrá que asumirlas bilateralmente, entre el gobierno central y un bloque independentista dirigido por Puigdemont. Y al mismo tiempo radicalizará la oposición de Ciudadanos, a la búsqueda de una inhabilitación de diputados independentistas que le permita presentar su candidatura al Govern catalán.

El PSC y Catalunya en Comú

Aunque a favor y en contra de la estrategia del 155, las campañas de Iceta y Domenech han buscado presentarse como dos alternativas para formar gobierno superando la polarización en dos bloques de la sociedad catalana, mediante la apelación al eje derecha-izquierda, que priorizase la cuestión social frente a los efectos acumulados de la crisis económica.

En el caso del PSC, tras sucesivas crisis internas, ha llegado a convertirse en una parodia de ese catalanismo autonomista moderado que buscaba Rajoy en su estrategia (más con su alianza con el “brazo incorrupto” de Unió, que en 2015 obtuvo 102.870 votos). Con el inconveniente de que su punto de referencia es el PSOE de Pedro Sánchez, defensor con su partido de la aplicación del 155, y que está a la espera del momento oportuno para ser la alternancia al PP en la gestión de la crisis del régimen del 78. Esa añoranza por un autonomismo catalanista de centro-izquierda le ha valido al PSC ganar 80.000 votos y un diputado, a pesar de todas las incoherencias del “155 de rostro humano” de un Iceta al que se le ha recordado que “se fue de baile cuando otros iban a la cárcel”.

Peor suerte ha tenido Catalunya en Comú con uno de sus lemas centrales: “ni DUI, ni 155”. Le ha costado 43.000 votos y tres diputados en relación a Catalunya Si Que Es Pot (2015) e ICV-EUiA (2012). En la ciudad de Barcelona, donde gobierna, ha quedado ¡en quinto lugar! En vez de trasladar la radicalidad estratégica de su propuesta de un referéndum de autodeterminación pactado -que exige el fin del régimen del 78- a la situación concreta catalana tras la represión del 1 de Octubre, su campaña ha sido un llamamiento a la “moderación razonable”, incapaz de dar respuesta ni a la intervención de la Generalitat, ni de hacer creíble la alternativa de un gobierno tripartito de centro-izquierda (ERC, CeC, PSC). Por no hablar de un cambio en la correlación de fuerzas a la izquierda, solo posible con una movilización social en simbiosis con la movilización soberanista.

Ninguna de las dos campañas ha sido capaz de ofrecer una alternativa de izquierdas a la expansión del voto de Ciudadanos en los barrios obreros del cinturón industrial catalán. El PSC se manifestó con Ciudadanos y con el PP (y con la extrema derecha) en las concentraciones antisoberanistas catalanas. Y no han sido capaces ni en el trabajo de base de la resistencia cotidiana ni electoralmente. El rechazo de los nacionalismos en nombre de la añorada cuestión social -que en el caso del PSC resultaba poco creíble cuando su partido hermano fue quien inició cuando estaba en el gobierno del Estado las políticas austericidas de mayo de 2010-, ha vuelto a situar en el ambiguo mundo de los referentes simbólicos su alegada prioridad de los intereses sociales de la mayoría. Sin un planteamiento republicano y democrático radical, que es el punto de partida imprescindible para la automovilización unitaria de las clases trabajadoras, no es posible hacer confluir las reivindicaciones de clase con las aspiraciones nacionales legítimas. El terreno de crecimiento de Ciudadanos es precisamente la confrontación de ambas, en la identificación de las aspiraciones nacionales populares catalanas con el régimen corrupto del 3% pujolista. Y le ha dado resultado.


Una izquierda capaz de defender los intereses de los trabajadores y el derecho de autodeterminación

La crisis del régimen del 78 se agrava con estos resultados del 21-D y al mismo tiempo se hace más evidente la falta de una alternativa al mismo desde la izquierda.

Todas las contradicciones que hemos descrito tenderán a agudizarse, en un marco además de crisis fiscal del sistema autonómico y de incertidumbre sobre la capacidad del gobierno minoritario de Rajoy de cumplir sus compromisos con la UE sobre el déficit presupuestario. El Presupuesto de 2018 depende de los 5 escaños del PNV y de la renegociación de la alianza entre el PP y Ciudadanos. El PSOE de Pedro Sánchez espera a lo que considere el momento oportuno para plantear su propia alternancia en una moción de censura con posibilidades de éxito, no tanto por méritos propios como por la descomposición de la legitimidad del PP.

Lo que puede motivar que esta situación se eternice hasta el fin de una legislatura sin objetivos y bloqueada, una charca, es la falta de movilización social sobre la que construir una alternativa de izquierdas capaz de defender los intereses de los trabajadores y de los sectores sociales no estrictamente ricos ante la gestión neoliberal de la salida de la crisis económica y un proyecto de estado republicano que asuma el derecho a la autodeterminación.

El ciclo abierto en 2010 con el 15 M apuntaba a la configuración de nuevos sujetos políticos en procesos constituyentes capaces de superar un régimen del 78 cada vez más oligárquico. Su creciente institucionalización ha hecho perder gran parte de su impulso en los vericuetos del estado, en nombre de una “moderación razonable” del mal menor, que era el improductivo acervo del centro-izquierda. El carácter crónico del déficit democrático en Catalunya, la extensión del “espíritu del 155” contra los ayuntamientos del cambio aplicando el artículo 135, exigen un replanteamiento de las estrategias para construir la alternativa al régimen del 78.

Y parece obvio que sería aconsejable empezar por parte de la izquierda del Reino con una campaña por la excarcelación inmediata de los presos políticos independentistas catalanes y la anulación de todos los procedimientos judiciales abiertos en contra de los dirigentes soberanistas. Y la denuncia permanente del artículo 155 de la Constitución española, aunque sea por una razón elemental: es incompatible con la democracia.

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Fuente: www.sinpermiso.info, 24-12-17

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